Corte Constitucional: aplicación de vacuna contra el VPH requiere consentimiento informado

Sentencia T-365 de la Corte Constitucional  determinó que se requiere el consentimiento informado como condición previa para la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

Estableció que la vacuna no es obligatoria para las personas destinatarias de la misma según disposición legal:

“Para esta Sala de Revisión es claro que el Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, o de cualquier otra institución, no puede obligar a la población colombiana a vacunarse contra el virus del papiloma humano, por cuanto la facultad del paciente de tomar decisiones relativas a su salud ha sido considerada un derecho de carácter fundamental por la jurisprudencia constitucional, como concreción del principio constitucional de pluralismo ] (artículos 1 y 7 de la Carta Política) y de los derechos fundamentales a la dignidad humana  (artículo 1 ídem), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la Constitución) –cláusula general de libertad del ordenamiento jurídico colombiano  -, a la integridad personal  (artículo 12 ídem) y a la salud (artículo 49 de la Constitución).

En efecto, si uno de los contenidos protegidos por el principio de la dignidad humana es la autonomía, entendida como la “ posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera) ”, que corresponde a su vez con el ámbito protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad , resulta lógico que, en lo que toca con los procedimientos médicos, incluso preventivos, el paciente tenga la facultad de asumirlos o declinarlos, de acuerdo con ese modelo de vida que ha construido por conducto de sus propias convicciones. Específicamente, ha determinado esta Corporación que “ del principio general de libertad emana el derecho específico de la autonomía del paciente que le permite tomar decisiones relativas a su salud”.

En cumplimiento de sus funciones constitucionales, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional al revisar el fallo de esta acción de tutela presentada por la madre de una menor,  la cual relacionaba la enfermedad de su hija con la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, reconoció que no se pudo comprobar la causalidad entre la vacuna y la enfermedad de la menor.

Pero además decidió no suspender la aplicación de la vacuna por las siguientes razones:

La Corte señala que no se suspende  la aplicación de la vacuna por las siguientes razones:   (i). Está encaminada a prevenir el cáncer de cuello uterino como política pública válida ejecutada por el Gobierno Nacional; (ii) Su aplicación representa beneficios para las mujeres colombianas al evitar el menoscabo de su salud; iii. Las principales organizaciones internacionales y nacionales que sirven de referencia aprueban la seguridad, calidad y eficacia de administración de la vacuna contra el VPH; (iv). En el caso concreto no fue posible demostrar -con grado de certeza científica- que la aplicación de la vacuna sea la causa de las enfermedades que padece la menor y (v). Es improcedente la suspensión la vacuna en un juicio que solo produce efectos para las partes y que por regla general, no está llamado a afectar a la generalidad de la población.

La Corte resolvió, entre otros aspectos relacionados con el caso particular como amparar el derecho a la salud de la menor en lo que se refiere al derecho al diagnóstico y la atención integral, lo siguiente:

La vacuna no es de obligatoria para las personas que son destinatarias de la misma:

Advertir al Ministerio de Salud y Protección Social que la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano no puede imponerse contra la voluntad de las personas que por disposición legal son destinatarias de la misma. En tal virtud, existe la necesidad de obtener su consentimiento informado, como condición previa para administrar la vacuna, indicándose los efectos adversos en la salud humana.

El Ministerio de Salud y Protección Social debe elaborar un informe en el cual identifique las personas que requieran atención del sistema de seguridad social por posibles afectaciones derivadas de la vacuna:

Exhortar  al Ministerio de Salud y Protección Social para que elabore un informe en el que se identifique el número de personas que habiendo sido destinatarias de la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, requieran atención por parte del sistema de seguridad social en salud por causas atribuibles a posibles afectaciones derivadas de dicha vacuna. El informe deberá establecer un plan de acción que garantice el acceso integral y continuo al sistema de seguridad social en salud de las personas presuntamente afectadas, así como un seguimiento de cada caso.

Y finalmente señaló que el Ministerio debe continuar con el seguimiento a  los conceptos técnicos y científicos sobre la vacuna:

Exhortar al Ministerio de Salud y Protección Social para que continúe con las labores de seguimiento y valoración periódica sobre los conceptos técnicos y científicos que a nivel nacional e internacional analizan la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. Además, deberá impulsar campañas masivas de comunicación y educación pública sobre el particular.

Referencia: Expediente No. T- 5.190.041

Acción de tutela presentada por Edith Perdomo Londoño, quien actúa en representación de su hija Aura Cristina Campo Perdomo, y Alba Lucia Murillo Maya, en calidad de agente oficiosa de los demás niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes presuntamente afectados por los efectos secundarios causados por la vacuna del Virus del Papiloma Humano -VPH-, contra el Ministerio de Salud y Protección Social, el Servicio Occidental de Salud S.A – S.O.S – E.P.S, las demás E.P.S involucradas y el SISBEN.

Magistrado Ponente:  Alberto Rojas Ríos

Bogotá, D.C., 2 de junio de 2017

Descargar la sentencia T-365-17 Papiloma

 

Carta global de salud pública

La federación internacional de asociaciones de salud pública presentó esta carta global que contiene los lineamientos más importantes en esta área.

Esta carta global para la Salud Pública (GCPH, en sus siglas en inglés) es el principal resultado de su plan de colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adaptar la salud pública actual a su contexto global y teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta carta es el resultado del trabajo con cientos de organizaciones de todo el mundo sobre este crítico tema y reúne  los modelos existentes.

Consultar la carta: CARTAGLOBALPARALASALUDPÚBLICA

 

 

VII Congreso Internacional de Investigación en salud

 

En la Universidad de Pamplona (Norte de Santander) se llevará a cabo los días 16 y 17 de noviembre el VII Congreso de Investigación en Salud.

La temática central es Salud, Posconflicto y Frontera. Y las sublíneas de investigación son: determinantes de la salud en la frontera, política, territorio y frontera, atención primaria:acciones comunitarias e intersectoriales y atención primaria, familia y posconflicto.

El congreso está dirigido a: la comunidad académica, organizaciones de desmovilizados, observatorio de la frontera colombo-venezolana, comunicadores sociales y secretariado y víctimas de la Región nororiental.

 

 

“Podrían diseñarse programas que busquen aliviar el sufrimiento derivado del conflicto”, José Miguel Uribe.

 

Miguel Uribe, experto colombiano en salud mental pública.

José Miguel Uribe Restrepo es  médico y psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Psicoanalista, Instituto Colombiano de Psicoanálisis y magister en Salud Pública, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Ha sido Profesor del departamento de psiquiatría y salud mental de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Director Científico de La Clínica La Inmaculada y miembro adscrito de la Fundación Santa Fé de Bogotá. Actualmente es consultor en salud mental pública.

FSJ: ¿Qué elementos caracterizan a una política de salud pública sólida?

JMU: La salud pública depende de un enfoque poblacional y un modelo que aborde los componentes de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud.

La definición de salud se ha ampliado y ya no se entiende solo como la ausencia de enfermedad, el campo de acción de la salud pública también se expandió. Ello lleva a nuevos retos pues actuar sobre los determinantes sociales de la salud e implementar programas de promoción no es algo exclusivo del sector salud. Tampoco es seguro que sea el que mejor puede hacerlo, cuando se piensa que muchas acciones son sobre educación, sobre el entorno urbano, o sobre el cambio climático, para mencionar un tema más reciente.

Por ejemplo, la definición amplía de salud mental pública plantea otros interrogantes. En el marco del llamado posconflicto, podrían diseñarse programas que busquen aliviar el sufrimiento derivado del conflicto. Tarea enorme, por supuesto.

Pero al leer los escritos sobre salud mental y conflicto parece existir otra tesis: la del rol de la salud mental en la génesis y perpetuación del conflicto y la violencia. Esto es en mi opinión debatible. Por un lado, no hay claridad sobre qué tipo de “intervenciones” en salud mental pública van a tener un efecto preventivo sobre conflictos. Por el otro, buena parte del origen del conflicto tiene que ver con estructuras políticas y estructuras de poder que no están relacionadas con la salud mental.

FSJ: ¿Cuáles de esos elementos le faltan a Colombia?

JMU: La debilidad relativa de los niveles de atención primaria y carencia de programas de promoción en salud. Otro elemento es la evaluación rigurosa de los impactos de los programas existentes y de los desenlaces centrados en el paciente en los procesos de atención en salud.

En el caso específico de la salud mental, la escasa participación de los pacientes en los distintos niveles de decisión del sistema de salud es preocupante. Me refiero a un continuo que va desde las acciones que llevan a un estilo de vida que favorecen la salud mental, pasando por una decisión compartida al iniciar el tratamiento y la participación en el diseño de estudios y programas. Los grupos de pares, que han mostrado ser una herramienta importante para la recuperación en salud mental, también son prácticamente inexistentes.

La coyuntura actual del posacuerdo servirá como “estudio de caso”, cabe esperar que se destinen muchos recursos a programas de salud mental. Es la oportunidad para poner la salud mental como un tema prioritario para la salud pública.

Pero estos programas deben contar con evaluaciones que permitan entender en qué han funcionado y en qué se han quedado cortos. No basta con hacer acciones y contarlas. Hay que ver si se traducen en beneficios reales para los usuarios y para la población.

Esto incluye también los costos en salud. Mientras que los recursos existentes no sean infinitos, hay que emplearlos mejor, y si fueran recursos generosos, no se pueden desperdiciar.

FSJ: ¿Qué factores positivos tiene Colombia?

JMU: Hay resultados positivos. El Ministerio ha desarrollado e implementado un modelo de atención integral que busca fortalecer la atención primaria. Su compromiso con el enfoque diferencial es también un elemento para destacar. A un nivel macro, la Ley 1751 de 2015, ley estatutaria de salud, ha logrado fortalecer el enfoque de derechos humanos en la salud. Por último, algunas asociaciones y grupos de pacientes y familiares empiezan a jugar un papel más activo abogando por un enfoque integral que contrarreste el tradicional olvido de la salud mental.

FSJ: ¿Cómo se explica que tengamos una ley de salud mental, Ley 1616 de 2013, pero no tengamos una política pública de salud mental si no solo acciones desarticuladas?

JMU: La ley de salud mental es un logro importante, que resultó de una coyuntura política bien aprovechada. La ley como tal dice qué se debe hacer, pero no cómo se puede hacer. Por ejemplo, la ley estipula como componentes importantes la inclusión laboral y la rehabilitación centrada en la comunidad. En la realidad, no hay modelos estudiados en Colombia que muestren una efectividad a escala ni de la inclusión laboral ni de la rehabilitación con base en la comunidad.

La desarticulación no es exclusiva de la salud mental, sino del sistema de salud. Mucho se ha hablado sobre las redes de atención, pero en la práctica casi toda la atención se centra en acciones individuales aisladas. La desarticulación en salud mental puede ser aún mayor que la existente en otros temas (salud materna, salud infantil, por ejemplo) pues hay visiones antagónicas entre quienes trabajan en salud mental.

FSJ: ¿Cómo se pueden superar estos vacíos?

JMU: ¡Ojalá supiera! Si bien en la teoría es posible trazar o diseñar un sistema de salud más o menos completo, la realidad presenta retos enormes. Son muchos los actores en el campo de la salud, con intereses y objetivos diferentes. En el sistema actual, no todos los intereses convergen en un objetivo común y menos en lograr lo mejor para el paciente. Hay incentivos perversos, que llevan a que se privilegien las ganancias de algunos sobre el resultado para las personas.

Hay que construir un modelo que logre incluir, hasta donde sea posible, las diversas perspectivas de los actores de salud. Cuando se reflexiona sobre el origen de la Ley 100 por ejemplo, resulta notorio que fue una ley “de arriba abajo”, diseñada con criterios técnicos, pero sin mucho aporte de grupos de pacientes, comunidades o profesionales de la salud, entre otros. Y cuando aparecieron las dificultades esos actores sintieron que no era un sistema que les pertenecía, no tenía el apoyo requerido para momentos críticos.

FSJ: Finalmente, ¿Qué recomienda para informar  rigurosamente sobre salud pública?

JMU: Un ejemplo concreto: las noticias sobre suicidios. Pareciera que los principales diarios y medios de comunicación del país no se han enterado de que existen, hace mucho tiempo, recomendaciones sobre cómo dar contexto a la noticia de un suicidio y evitar posibles eventos negativos.

En otro sentido, llama la atención el empleo de términos derogatorios al referirse a los trastornos mentales, o emplearlos en un sentido que incrementa el estigma. Por ejemplo, cuando se dice que Colombia es un país esquizofrénico. Ello refuerza el prejuicio al insinuar que la llamada esquizofrenia es algo con consecuencias tan negativas.

Los trastornos mentales nos tocan a todos, en mayor o menor grado, y en mayor o menor cercanía personal. No son el resultado de una falla personal ni hay razón para que quienes los padecen sean rechazados o aislados. Mas bien, hay que brindar el apoyo social necesario y por parte del sistema de salud para fomentar la recuperación de los pacientes. Esos principios deben guiar la comunicación en salud mental pública.