Argentina: Estigma y discriminación son obstáculos para acceso a salud de personas que ejercen trabajo sexual

Alejandro abogado en Ammar.

Jorge Alejandro Mamani es abogado, especialista en derecho informático y magíster en derecho migratorio y políticas migratorias internacionales, quien labora en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) hace dos años.

Además milita en derechos humanos y trabaja en políticas de derechos humanos, en cuanto a minorías y en diversas instancias, hace más de 10 años, incluyendo litigio internacional de derechos humanos y en variadas organizaciones no gubernamentales en causas de desaparecidos y derechos sexuales y reproductivos y culturales.

Jorge Alejandro es abogado en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en acción por nuestros derechos (Ammar) allí, entre otras luchas, defiende el acceso a la salud y el trato no discriminatorio en los espacios médicos y legales para las trabajadoras, trabajadores y trabajadoras sexuales trans en Argentina.

Fotos: Alejandra Sánchez Hernandez.

FSJ: El Sistema de salud argentino es público y la salud un derecho de acceso universal. ¿Qué tan cierto es esto para las trabajadoras y los trabajadores sexuales?

JAM: En Argentina la salud es un derecho universal y los hospitales son públicos. Con respecto al trabajo sexual hay estigma y discriminación a causa de los prejuicios que tienen los trabajadores de la salud cuando están en contacto con personas quienes ejercen el trabajo sexual.

Generalmente, hay un juzgamiento sobre estas personas, lo que tiende a que muchas veces las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales no vayan a hospitales públicos o se alejen del sistema de salud por miedo a la estigmatización y a la penalización moral.

Si bien no hay un elemento en el sistema que permita negar el acceso al sistema de salud, en el aspecto práctico, el estigma y la discriminación funcionan de todas formas.

Además, hay una presunción de criminalidad sobre el trabajo sexual debido a la ignorancia con respecto a lo que el trabajo sexual significa, la posibilidad de ejercerlo y sobre la legalidad e ilegalidad del mismo. Hay una criminalización colectiva sobre la temática cuando jurídicamente esta no existe.

FSJ: ¿Es obligatorio en Argentina decir que su actividad es el trabajo sexual, se informa por obligación o para que la persona obtenga una mejor atención?

JAM: No es obligatorio pero para que un médico te atienda mejor debe estar informado sobre en qué trabajas. El problema con el trabajo sexual es que al tener un juicio moral anterior, del cual no escapan los médicos y las médicas, tienen prejuicios que llevan al cuestionamiento de la elección de trabajo de las trabajadoras sexuales y eso dificultad la atención.

Muchas veces decirlo implica que sienta vergüenza a causa del estigma, se sienta vulnerada, cuestionada y, a veces, también acosada. Estas son algunas de las razones por las cuales algunas trabajadoras sexuales no lo dicen en el sistema de salud.

FSJ: ¿Qué servicios de salud mental son ofrecidos a los trabajadores y trabajadoras sexuales?

FSJ: ¿Cuál es la situación frente a la institucionalidad?

JAM: El contacto con las fuerzas policiales y con los órganos administrativos puede ser agresivo porque hay una presunción de criminalidad con respecto al trabajo sexual. Entonces no son tratadas ni tratados como ciudadanos comunes si no como ciudadanos de segunda; adicionalmente, si son trabajadoras sexuales trans la agresión es mucho mayor porque hay todo un estigma social con respecto a la identidad trans.

Pese a que Argentina tiene, desde el 2012, una ley de identidad de género esta no se ha cumplido cabalmente especialmente entre las fuerzas policiales las cuales a través del tiempo han estigmatizado a las personas trans incluso a las que no ejercen el trabajo sexual.

Así mismo,  las trabajadoras sexuales trans que son migrantes, peruanas y paraguayas, que llegan a Argentina porque que consideran a Argentina más tolerante, con respecto a sus países de orígenes, son más vulnerables por cuenta la xenofobia.

FSJ: ¿Qué actos de discriminación y estigmatización ocurren al acceder a los servicios de salud?

JAM: Hay denuncias de trabajadoras sexuales que sufren acoso, imposición de valoraciones morales, cuestionamiento de su elección laboral y culpabilizarlas cuando cuando lo que debe hacer el sistema médico es ofrecer un trato médico, justo e igualitario. Por esta razón, muchas trabajadoras sexuales no van a los consultorios de sus barrios y se trasladan a otros lugares; otras no acuden y tienden a auto-medicarse.

FSJ: ¿Qué herramientas jurídicas son las más usadas por las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Argentina?

JAM: En realidad, tienen la Ley 23592 de 1988, Actos Discriminatorios, que es la ley contra la discriminación y, además, los tratados internacionales con respecto a cuestiones de salud.

Realizar una denuncia del sistema médico es bastante complicado porque sun formación académica es de nivel primario y secundario, no tienen conocimiento de sus derechos y además el estigma las hace no creer en el sistema judicial, etc. Todo esto hace más complejo el ejercicio de sus derechos.

Georgina Arellano secretaria general de Ammar.

FSJ: ¿Existen centros de atención que se especialicen en atención a trabajadoras sexuales?

JAM: La intención de Ammar es crear espacios amigables donde las trabajadoras sexuales puedan ser atendidas sin ser juzgadas y donde su derecho a la salud no  sea denegado con base en prejuicios o cuestionamientos. Lo que tratamos desde Ammar es de vincular el tema de espacios amigables para trabajadoras sexuales y la diversidad, capacitar a los médicos y médicas.

El tema de la salud es complejo con respecto a las trabajadoras sexuales porque este tiene una connotación moral que lleva a los profesionales a tener prejuicios con respecto a ellas y también debido a la transfobia en el mundo médico. Por eso, queremos desarrollar convenios para emprender procesos de sensibilización con médicos, pero es bastante complicado.

Sin embargo, gracias a la militancia de estos últimos años Ammar es mucho más visible y ahora existe un espectro social más común y mediático para cuestionar el tema sobre el trabajo sexual

No obstante, entendemos que el espacio médico y el espacio legal son espacios más difíciles de modificar opiniones y mucho más difícil de de-construir los prejuicios morales que tienen las personas.

Más información sobre Ammar: www.ammar.org.ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina: Más derechos y menos estigmatización contra personas consumidoras de drogas

Patricia Colace es Licenciada en psicología y profesora en psicopedagogía. Estudió psicopedagogía en Bahía Blanca, Argentina, se graduó en 1989 y de la Universidad Católica Argentina, en el año 1998, donde estudió psicología.

Su trabajo se ha centrado fundamentalmente en el ámbito público, especializándose en la elaboración de Políticas Públicas sobre drogas y adicciones. En la actualidad, trabaja en la Dirección de Adicciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Asesoramiento en el ámbito Legislativo de la misma ciudad.

FSJ: ¿Por qué elegiste las adicciones?

PC: Mi inquietud por el tema surgió en el año 2000 cuando militando para un partido político nos invitaron a participar en un trabajo sobre el Paco, droga que surgió en esos años de mucho conflicto político como una “manera de supervivencia “ en los barrios pobres de la Provincia de Buenos Aires.

FSJ: ¿Por qué una ley de salud mental y adicciones juntas? Es cierto que el consumo de ciertas sustancias psicoactivas provocan episodios en quienes los consumen, pero por qué en Argentina ligan estos dos temas.

PC: En Argentina existe la Ley 26657 de Salud Mental y Adicciones sancionada en el año 2010, ley que yo considero casi un mini tratado de Derechos Humanos. Que las adicciones estén dentro de ésta ley les da un marco de derechos que antes no tenían.

Esto dice la ley en su Art. 4 y lo comparto plenamente:

Artículo 4º.- Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud.

Es muy importante que incluyan un artículo donde consideran que las adicciones forman parten del padecimiento mental y de esa manera las personas con consumo problemáticos están protegidas.

Es importante aclarar que no es lo mismo consumo problemático, consumo y adicción. Cuando hablamos de adicciones se piensa en todas las sustancias que provocan ciertos efectos en las personas, que puede llegar a producir una dependencia.

En tanto, consumir una sustancia en sí no es un problema, pero sí cuando ello comienza a afectar el entramado social de la persona que consume: ahí estamos hablando de un consumo problemático, que puede derivar en una adicción, en una dependencia. Para hablar de adicción estrictamente se tiene que dar los síndromes de dependencia, abstinencia y tolerancia.

El consumo de sustancias legales e ilegales produce cambios en la conducta y orgánicos, pero no siempre ese consumo es una adicción ni es un consumo problemático.

FSJ: ¿Cuál es la razón para sacar “desmanicomializar” la salud mental? ¿Aplica esto para personas que viven con adicciones?

PC: El fundamento básico es que el encierro produce más enfermedad y los hospitales monovalentes, es decir psiquiátricos, provocan aislamiento, estigma, falta de libertad y nula inserción social. Por ello,  hay que buscar otras alternativas terapéuticas como las casas de medio camino, los hostales, los hospitales de día etc.

La Ley 26657 de Salud Mental y Adicciones obliga al cierre paulatino de los psiquiátricos, es decir, que no se pueden cerrar si no se crean otros dispositivos alternativos. Infortunadamente, la falta de voluntad política y los intereses en juego hace que no se implementen esas políticas y entonces efectivamente la gente queda en situación de calle.

FSJ: ¿Qué tan efectiva ha sido la ley de salud mental y adicciones en Argentina?  

PC: Es un camino lento la aplicación de esa ley porque indudablemente toca muchísimos intereses económicos, de poder, de paradigmas y miradas sobre el tema. Los laboratorios y algunos médicos psiquiatras han sido los primeros en oponerse a la ley y los dueños de las comunidades terapéuticas.

Por suerte, hay un grupo de personas y profesionales que luchamos por la plena implementación de la Ley 26657.

FSJ: ¿Cómo afecta esa ley los intereses económicos a las personas, si no se cumple, y si considera a las personas con adicciones con padecimientos mentales, es decir, los induce a llegar a esas comunidades terapéuticas para que los “sanen”?

PC: Digo que la Ley 26657 afecta los intereses económicos y de poder de algunas profesiones. Por ejemplo, el poder hegemónico de los psiquiatras.

Antes con su sola firma podían internar una persona,en la actualidad no es posible con ésta ley ya que se necesitan la firma de al menos dos profesionales de la salud que deben formar parte de un equipo interdisciplinario, un psiquiatra y un psicólogo.

También establece  el tiempo que una persona puede pasar internada , que no pude ser indeterminado ni con falta de control por parte del Estado y eso afecta los intereses económicos de la comunidades terapéuticas.

Otro aspecto sumamente importante es que la Ley considera que internar a una persona debe ser el último recurso, pues es considerado un acto restrictivo. Por lo tanto se deben buscar otros medios para la curación.

FSJ ¿Cómo luchan algunos profesionales por la implementación de la ley?

PC: Tratando de que la implementen, que cumplan con la reglamentación, que le otorguen presupuesto, denunciando públicamente cuando existen violaciones a la letra de la Ley y solicitando información desde el legislativo, entre otras acciones.

FSJ: ¿Es decir que esa ley que calificas como mini tratado de derechos humanos, es ideal en el papel pero no se cumple desde que se expidió? 

PC: Se cumple pero no en su totalidad por las razones antes expuestas.

FSJ: ¿Qué se ha hecho en Argentina para reducir el estigma con respecto a la salud mental y las adicciones?

PC: Está en proceso un cambio de paradigma sobre cómo abordar la salud mental y las adicciones. La mejor política pública, desde mi punto de vista, es cumplir la ley antes mencionada.

FSJ: ¿Qué se puede hacer desde los medios de comunicación para desestimular la estigmatización de quienes viven con enfermedades mentales?

PC: Creo que en primer lugar los periodistas deberían leer, conocer el tema, derribar sus propios prejuicios y, sobre todo, no fomentar la prensa amarillista. Con eso creo que nos ayudarían bastante.

FSJ: ¿Qué tipo de narrativas y representaciones de la persona con adicciones debe ser utilizadas para evitar la discriminación de los consumidores de droga mientras se toleran otras adicciones como el cigarrillo, etc?

PC: Aquí estamos frente al problema de la tolerancia social frente a las adicciones con sustancias legales. De todas manera mi posición es no patologizar la vida cotidiana por eso no comparto que se encasille todo dentro de las adicciones, como por ejemplo el gimnasio, café, la tecnología etc.

Con patologizar la vida cotidiana me refiero a que no se puede llamar a todo enfermedad o calificarlo de esa manera, como hace el DSM (El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder).

FSJ: ¿Se puede evitar el uso de categorías estrictas al referirse a las personas con enfermedades mentales y adicciones?

PC: Es muy cierto que las palabras tienen una carga simbólica muy fuerte.

En Argentina algunos profesionales de la salud mental hablamos de “padecimiento mental”.

Creo que es un término correcto y no habla de enfermedad necesariamente. Con respecto a las adicciones  hay un cambio en el lenguaje y en el enfoque por eso decimos personas con consumo problemáticos, consumo social y personas con adicciones.

PC: Creo que en primer lugar los periodistas deberían leer, conocer el tema, derribar sus propios prejuicios y, sobre todo, no fomentar la prensa amarillista. Con eso creo que nos ayudarían bastante.

FSJ: ¿Qué tipo de narrativas y representaciones de la persona con adicciones debe ser privilegiada en los medios para evitar la discriminación de los consumidores de droga mientras se toleran otras adicciones como el cigarrillo, etc?

PC: Aquí estamos frente al problema de la tolerancia social frente a las adicciones con sustancias legales. De todas manera mi posición es no patologizar la vida cotidiana por eso no comparto que se encasille todo dentro de las adicciones, como por ejemplo el gimnasio, café, la tecnología etc.

Con patologizar la vida cotidiana me refiero a que no se puede llamar a todo enfermedad o calificarlo de esa manera, como hace el DSM (El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder).

FSJ: ¿Se puede evitar el uso de categorías estrictas al referirse a las personas con enfermedades mentales y adicciones?

PC: Es muy cierto que las palabras tienen una carga simbólica muy fuerte.

En Argentina algunos profesionales de la salud mental hablamos de “padecimiento mental”.

Creo que es un término correcto y no habla de enfermedad necesariamente. Con respecto a las adicciones  hay un cambio en el lenguaje y en el enfoque por eso decimos personas con consumo problemáticos, consumo social y personas con adicciones.

FSJ: ¿Qué has aprendido de las personas con enfermedades mentales y adicciones?

PC: Me muestran en el espejo lo que quizás algún día me puede pasar a mi o algún ser querido. Además de mucha gratitud cuando se sienten acompañadas en su proceso de recuperación.

Nota 1:  Las drogas legales son todas aquellas que no están penadas por la ley por ejemplo el cigarrillo, el alcohol, los psico-fármacos y otras que tienen que ver con prácticas con riesgo adictivas, el juego y la tecnología, por ejemplo.

En cuanto a las drogas ilegales Argentina cuenta con la Ley 23737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes donde se incluyen las drogas penadas. Este listado se actualiza y se van agregando nuevas drogas que surgen en el mercado e ingresan a nuestro país.

Nota 2: La pasta base de cocaína también llamada “paco” es un producto intermediario en la producción de clorhidrato de cocaína que se obtiene al disolver residuos en líquido y tratar la solución con queroseno o gasoil, para luego mezclarlo con sustancias alcalinas o ácidos como el sulfúrico. Se trata de un polvo blanco amarillento, de consistencia pastosa y olor penetrante. Apenas consumido produce euforia y tiene un efecto muy intenso que dura entre 5 y 10 minutos. Esto genera una rápida dependencia y un gran aumento de la frecuencia de su uso, llevando a las personas a consumir decenas de dosis diarias.