Argentina: Estigma y discriminación son obstáculos para acceso a salud de personas que ejercen trabajo sexual

Alejandro abogado en Ammar.

Jorge Alejandro Mamani es abogado, especialista en derecho informático y magíster en derecho migratorio y políticas migratorias internacionales, quien labora en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) hace dos años.

Además milita en derechos humanos y trabaja en políticas de derechos humanos, en cuanto a minorías y en diversas instancias, hace más de 10 años, incluyendo litigio internacional de derechos humanos y en variadas organizaciones no gubernamentales en causas de desaparecidos y derechos sexuales y reproductivos y culturales.

Jorge Alejandro es abogado en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en acción por nuestros derechos (Ammar) allí, entre otras luchas, defiende el acceso a la salud y el trato no discriminatorio en los espacios médicos y legales para las trabajadoras, trabajadores y trabajadoras sexuales trans en Argentina.

Fotos: Alejandra Sánchez Hernandez.

FSJ: El Sistema de salud argentino es público y la salud un derecho de acceso universal. ¿Qué tan cierto es esto para las trabajadoras y los trabajadores sexuales?

JAM: En Argentina la salud es un derecho universal y los hospitales son públicos. Con respecto al trabajo sexual hay estigma y discriminación a causa de los prejuicios que tienen los trabajadores de la salud cuando están en contacto con personas quienes ejercen el trabajo sexual.

Generalmente, hay un juzgamiento sobre estas personas, lo que tiende a que muchas veces las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales no vayan a hospitales públicos o se alejen del sistema de salud por miedo a la estigmatización y a la penalización moral.

Si bien no hay un elemento en el sistema que permita negar el acceso al sistema de salud, en el aspecto práctico, el estigma y la discriminación funcionan de todas formas.

Además, hay una presunción de criminalidad sobre el trabajo sexual debido a la ignorancia con respecto a lo que el trabajo sexual significa, la posibilidad de ejercerlo y sobre la legalidad e ilegalidad del mismo. Hay una criminalización colectiva sobre la temática cuando jurídicamente esta no existe.

FSJ: ¿Es obligatorio en Argentina decir que su actividad es el trabajo sexual, se informa por obligación o para que la persona obtenga una mejor atención?

JAM: No es obligatorio pero para que un médico te atienda mejor debe estar informado sobre en qué trabajas. El problema con el trabajo sexual es que al tener un juicio moral anterior, del cual no escapan los médicos y las médicas, tienen prejuicios que llevan al cuestionamiento de la elección de trabajo de las trabajadoras sexuales y eso dificultad la atención.

Muchas veces decirlo implica que sienta vergüenza a causa del estigma, se sienta vulnerada, cuestionada y, a veces, también acosada. Estas son algunas de las razones por las cuales algunas trabajadoras sexuales no lo dicen en el sistema de salud.

FSJ: ¿Qué servicios de salud mental son ofrecidos a los trabajadores y trabajadoras sexuales?

FSJ: ¿Cuál es la situación frente a la institucionalidad?

JAM: El contacto con las fuerzas policiales y con los órganos administrativos puede ser agresivo porque hay una presunción de criminalidad con respecto al trabajo sexual. Entonces no son tratadas ni tratados como ciudadanos comunes si no como ciudadanos de segunda; adicionalmente, si son trabajadoras sexuales trans la agresión es mucho mayor porque hay todo un estigma social con respecto a la identidad trans.

Pese a que Argentina tiene, desde el 2012, una ley de identidad de género esta no se ha cumplido cabalmente especialmente entre las fuerzas policiales las cuales a través del tiempo han estigmatizado a las personas trans incluso a las que no ejercen el trabajo sexual.

Así mismo,  las trabajadoras sexuales trans que son migrantes, peruanas y paraguayas, que llegan a Argentina porque que consideran a Argentina más tolerante, con respecto a sus países de orígenes, son más vulnerables por cuenta la xenofobia.

FSJ: ¿Qué actos de discriminación y estigmatización ocurren al acceder a los servicios de salud?

JAM: Hay denuncias de trabajadoras sexuales que sufren acoso, imposición de valoraciones morales, cuestionamiento de su elección laboral y culpabilizarlas cuando cuando lo que debe hacer el sistema médico es ofrecer un trato médico, justo e igualitario. Por esta razón, muchas trabajadoras sexuales no van a los consultorios de sus barrios y se trasladan a otros lugares; otras no acuden y tienden a auto-medicarse.

FSJ: ¿Qué herramientas jurídicas son las más usadas por las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Argentina?

JAM: En realidad, tienen la Ley 23592 de 1988, Actos Discriminatorios, que es la ley contra la discriminación y, además, los tratados internacionales con respecto a cuestiones de salud.

Realizar una denuncia del sistema médico es bastante complicado porque sun formación académica es de nivel primario y secundario, no tienen conocimiento de sus derechos y además el estigma las hace no creer en el sistema judicial, etc. Todo esto hace más complejo el ejercicio de sus derechos.

Georgina Arellano secretaria general de Ammar.

FSJ: ¿Existen centros de atención que se especialicen en atención a trabajadoras sexuales?

JAM: La intención de Ammar es crear espacios amigables donde las trabajadoras sexuales puedan ser atendidas sin ser juzgadas y donde su derecho a la salud no  sea denegado con base en prejuicios o cuestionamientos. Lo que tratamos desde Ammar es de vincular el tema de espacios amigables para trabajadoras sexuales y la diversidad, capacitar a los médicos y médicas.

El tema de la salud es complejo con respecto a las trabajadoras sexuales porque este tiene una connotación moral que lleva a los profesionales a tener prejuicios con respecto a ellas y también debido a la transfobia en el mundo médico. Por eso, queremos desarrollar convenios para emprender procesos de sensibilización con médicos, pero es bastante complicado.

Sin embargo, gracias a la militancia de estos últimos años Ammar es mucho más visible y ahora existe un espectro social más común y mediático para cuestionar el tema sobre el trabajo sexual

No obstante, entendemos que el espacio médico y el espacio legal son espacios más difíciles de modificar opiniones y mucho más difícil de de-construir los prejuicios morales que tienen las personas.

Más información sobre Ammar: www.ammar.org.ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte Constitucional: aplicación de vacuna contra el VPH requiere consentimiento informado

Sentencia T-365 de la Corte Constitucional  determinó que se requiere el consentimiento informado como condición previa para la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

Estableció que la vacuna no es obligatoria para las personas destinatarias de la misma según disposición legal:

“Para esta Sala de Revisión es claro que el Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, o de cualquier otra institución, no puede obligar a la población colombiana a vacunarse contra el virus del papiloma humano, por cuanto la facultad del paciente de tomar decisiones relativas a su salud ha sido considerada un derecho de carácter fundamental por la jurisprudencia constitucional, como concreción del principio constitucional de pluralismo ] (artículos 1 y 7 de la Carta Política) y de los derechos fundamentales a la dignidad humana  (artículo 1 ídem), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la Constitución) –cláusula general de libertad del ordenamiento jurídico colombiano  -, a la integridad personal  (artículo 12 ídem) y a la salud (artículo 49 de la Constitución).

En efecto, si uno de los contenidos protegidos por el principio de la dignidad humana es la autonomía, entendida como la “ posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera) ”, que corresponde a su vez con el ámbito protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad , resulta lógico que, en lo que toca con los procedimientos médicos, incluso preventivos, el paciente tenga la facultad de asumirlos o declinarlos, de acuerdo con ese modelo de vida que ha construido por conducto de sus propias convicciones. Específicamente, ha determinado esta Corporación que “ del principio general de libertad emana el derecho específico de la autonomía del paciente que le permite tomar decisiones relativas a su salud”.

En cumplimiento de sus funciones constitucionales, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional al revisar el fallo de esta acción de tutela presentada por la madre de una menor,  la cual relacionaba la enfermedad de su hija con la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, reconoció que no se pudo comprobar la causalidad entre la vacuna y la enfermedad de la menor.

Pero además decidió no suspender la aplicación de la vacuna por las siguientes razones:

La Corte señala que no se suspende  la aplicación de la vacuna por las siguientes razones:   (i). Está encaminada a prevenir el cáncer de cuello uterino como política pública válida ejecutada por el Gobierno Nacional; (ii) Su aplicación representa beneficios para las mujeres colombianas al evitar el menoscabo de su salud; iii. Las principales organizaciones internacionales y nacionales que sirven de referencia aprueban la seguridad, calidad y eficacia de administración de la vacuna contra el VPH; (iv). En el caso concreto no fue posible demostrar -con grado de certeza científica- que la aplicación de la vacuna sea la causa de las enfermedades que padece la menor y (v). Es improcedente la suspensión la vacuna en un juicio que solo produce efectos para las partes y que por regla general, no está llamado a afectar a la generalidad de la población.

La Corte resolvió, entre otros aspectos relacionados con el caso particular como amparar el derecho a la salud de la menor en lo que se refiere al derecho al diagnóstico y la atención integral, lo siguiente:

La vacuna no es de obligatoria para las personas que son destinatarias de la misma:

Advertir al Ministerio de Salud y Protección Social que la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano no puede imponerse contra la voluntad de las personas que por disposición legal son destinatarias de la misma. En tal virtud, existe la necesidad de obtener su consentimiento informado, como condición previa para administrar la vacuna, indicándose los efectos adversos en la salud humana.

El Ministerio de Salud y Protección Social debe elaborar un informe en el cual identifique las personas que requieran atención del sistema de seguridad social por posibles afectaciones derivadas de la vacuna:

Exhortar  al Ministerio de Salud y Protección Social para que elabore un informe en el que se identifique el número de personas que habiendo sido destinatarias de la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, requieran atención por parte del sistema de seguridad social en salud por causas atribuibles a posibles afectaciones derivadas de dicha vacuna. El informe deberá establecer un plan de acción que garantice el acceso integral y continuo al sistema de seguridad social en salud de las personas presuntamente afectadas, así como un seguimiento de cada caso.

Y finalmente señaló que el Ministerio debe continuar con el seguimiento a  los conceptos técnicos y científicos sobre la vacuna:

Exhortar al Ministerio de Salud y Protección Social para que continúe con las labores de seguimiento y valoración periódica sobre los conceptos técnicos y científicos que a nivel nacional e internacional analizan la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. Además, deberá impulsar campañas masivas de comunicación y educación pública sobre el particular.

Referencia: Expediente No. T- 5.190.041

Acción de tutela presentada por Edith Perdomo Londoño, quien actúa en representación de su hija Aura Cristina Campo Perdomo, y Alba Lucia Murillo Maya, en calidad de agente oficiosa de los demás niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes presuntamente afectados por los efectos secundarios causados por la vacuna del Virus del Papiloma Humano -VPH-, contra el Ministerio de Salud y Protección Social, el Servicio Occidental de Salud S.A – S.O.S – E.P.S, las demás E.P.S involucradas y el SISBEN.

Magistrado Ponente:  Alberto Rojas Ríos

Bogotá, D.C., 2 de junio de 2017

Descargar la sentencia T-365-17 Papiloma