Una mirada no punitivista y alternativa a las adicciones

Por: Fernanda Sánchez Jaramillo

 

Una mirada alternativa de la dependencia a las drogas es una propuesta que existe paralela a un enfoque castigador y criminalizador sobre este problema.

En torno a la persona con adicciones se ha construido un estereotipo, difícil de derrumbar, el cual lo relaciona con la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Además, en algunos casos lo despoja de su dignidad, sus derechos y lo pone en la mira del castigo por parte del derecho penal, la criminología.

Como consecuencia de esto, el rechazo social hacia estas personas es frecuente.

Sin embargo, hay quienes abogan por otro enfoque. La propuesta es tratar la dependencia de las drogas como un problema de salud no de seguridad ciudadana, respetando los derechos de estas personas y evitando su discriminación.

En esta segunda perspectiva se ubican representantes de la psicología, trabajo social, el derecho, entre otras profesiones.

Adicciones y Gestalt

Para empezar definamos lo que significan las palabras adicción y Gestalt. De acuerdo con Patricia Colace, psicóloga argentina y profesora de psicopedagogía es necesario distinguir entre consumo problemático, consumo y adicción.

El consumo de sustancias, legales e ilegales, produce cambios en la conducta y orgánicos, pero no siempre ese consumo es una adicción ni es un consumo problemático.

Cuando hablamos de adicciones se cree que todas las sustancias pueden llegar a producir una dependencia. Consumir una sustancia en sí no es un problema, pero sí cuando esto afecta el entramado social de la persona que consume, explica Colace.

Es ahí cuando estamos frente a un consumo problemático, que puede derivar en una adicción, en una dependencia. Para hablar de adicción estrictamente se tienen que dar los síndromes de dependencia, abstinencia y tolerancia, asegura.

Entre tanto, Gestalt es una palabra alemana que indica que la totalidad es mayor que la suma de sus partes; en una visión “gestáltica”, la experiencia es un todo orgánico y la conducta algo integrado[i].

Todo cuanto nos constituye juega un papel casi co-protagónico en nuestros procesos vitales; entonces, un síntoma es parte de y no se manifiesta como un aspecto aislado de la persona.

Luz Fanny

“Nuestras dimensiones emocional, relacional mental y física funcionan como una organización en favor de una comprensión y posible manejo de la adicción; aunque sea necesario en algún momento, focalizar nuestra atención en una de ellas, lo que impacte una de sus partes, afecta toda su estructura”, señala Luz Fanny Escobar, educadora de personas con enfoque Gestalt e integrativo.

Según Fernando García Gil, miembro del Equipo de Instituto de Psicoterapia Gestalt de Madrid (España), la adicción es un síntoma de un trastorno de la personalidad y en Gestalt no existe un abordaje específico.

La persona como centro

García Gil describe como esta dependencia interfiere con las distintas áreas de la vida del individuo. “Alguien está alienado o pegado al contacto permanente con la sustancia, que organizó su vida en torno al consumo; y, si no hay retirada, no hay contacto decimos en Gestalt. Se trata de que la persona vaya progresivamente desarrollando sus propios recursos como el auto apoyo y no necesitará apoyarse en la sustancia”, agrega García.

¿Qué elementos teóricos y tratamientos ofrece la Gestalt en esta situación?

Sus aportaciones principales son el concepto de homeostasis y autorregulación del organismo cuyo objetivo es la integración de la persona, indica Escobar. “El trabajo comprende lo relativo a la consciencia, es decir, la responsabilidad, el darse cuenta y, por supuesto, la resolución de los conflictos que subyacen bajo el consumo de cualquier sustancia”, precisa.

Gracias a estos y otros elementos la Gestalt es útil en esta situación. “También Gestalt contribuye al desarrollo de las potencialidades de las personas. Entre los elementos metodológicos de tratamiento destaco su aplicación a los grupos de adicciones, a sus dinámicas e interrelaciones”, añade García.

El papel del terapeuta en estos casos es acompañar a quien experimenta la dependencia para que para que sea consciente de sus sensaciones, emociones, creencias, deseos, expectativas hacia sí mismo y su entorno. De esta manera, comprenderá el papel que le ha dado a la sustancia, la función que esta cumple en su vida y podrá reconstruir una personalidad muy dañada, relata García.

Por eso el profesional gestáltico debe disponer de un profundo conocimiento de la psicopatología en general, enfatiza el experto del Instituto Gestálico de Madrid.

La Gestalt ofrece herramientas internas orientadas a la salud para que el consultante sea activo en la terapia cuyo objetivo es la abstinencia aunque, en algunos casos, se trabaja cuando hay consumo activo y en ese caso, se hace énfasis en la reducción de daños y en el apoyo.

Por su parte, Luz Fanny considera que hay diversas maneras de tratar las adicciones y esto depende de factores tales como, por ejemplo, qué tan avanzada está la adicción.

“Una contribución que siento que hace la terapia Gestalt es su movimiento inter-dependiente e integrativo. No hay nada que tu sientas, veas, pienses, digas, hagas, que no sea parte de ti”, indica Luz Fanny Escobar.

Además, en el camino gestálico hay recursos internos y externos como la representación, el juego de roles, el teatro terapéutico, entre otros, los cuales son útiles en estos casos.

Entre los recursos internos de la persona están sus ganas de vivir, sus emociones, su búsqueda de la felicidad, la necesidad de relacionarse y conectarse con el mundo y una reflexión trascendente que contribuye a re-conectar o re-descubrir su fuerza y sabiduría interior.

Desde la Gestalt el recurso clave es el darse cuenta, afirma Luz Fanny, tomar consciencia, identificar cuál parte se ha separado de esa totalidad.

Al hacer esto la persona podrá determinar cuál es el evento traumático y el comportamiento o sufrimiento que desorganiza su unidad y la estrategia de sobrevivencia que la sustituyó, por ejemplo la droga para, desde ahí, volcarse hacia la integración y el cambio precisa Escobar.

Mientras esto hace la persona con adicciones, el terapeuta formado en Gestalt aporta su conocimiento de las técnicas gestálicas, el contacto con sus propias emociones, la empatía, el no juicio, el silencio, la espontaneidad y la autenticidad.

Rosana Morales

Rosana Morales, consultora en proyectos sociales y psicoterapeuta independiente precisa que la Gestalt es un enfoque terapéutico y una filosofía de vida la cual confía en la capacidad del ser humano para auto-regularse y equilibrarse.

“Si yo creo profundamente y confío en que en esa persona con adicciones tiene esa capacidad de auto-regularse, confío en que es capaz de estabilizarse nuevamente y comprender para qué está consumiendo esa sustancia o por qué incurre en cualquier comportamiento adictivo”, afirma Morales.

¿Qué está amortiguando al usar esa sustancia o repetir esos comportamientos desequilibrados? Una persona puede utilizar sustancias que alteren su comportamiento como el café, alguna droga o tener comportamientos adictivos con respecto al sexo, el juego. Por ellos es indispensable saber qué le impide alejarse de esas sustancias y esos comportamientos.

“No podemos hablar de un modelo único de tratamiento a las adicciones si no para cada persona en ese momento determinado qué es lo que está haciendo que no pueda regularse con respecto a esa sustancia o comportamiento”, sostiene Morales.

También en la Gestalt se aplican tres importantes pilares: estar aquí y ahora, observar como ese comportamiento o consumo adictivo afecta su darse cuenta que ocurre en el momento, pues algunos consumos, incluso el café, afectan nuestra consciencia, otros deprimen y esto impide que se cumpla otro pilar, el ser responsable, hacerse cargo.

Adicciones en el derecho 

Después de ver cómo se trata la adicción a las drogas, desde la psicología y la Gestalt, la pregunta siguiente es cómo lo es el manejo por parte del ordenamiento jurídico colombiano.

En la publicación Delitos de Drogas y sobredosis carcelaria en Colombia, del año 2017, la organización Dejusticia hace un análisis de la evolución normativa empezando con la Ley 11 de 1920 hasta la Ley 1760 de 2015.

Las primeras normas hasta el año 1946, explican los autores del documento, no penalizaban el consumo pero existían unos registros de “toxicómanos en direcciones departamentales y a partir de los años 50 se empieza a castigar el consumo de marihuana.

Entre tanto, a partir de los años 60 las normas oscilan entre la prohibición, el castigo, la penalización y el enfoque de salud pública, preventivo, no castigador. En el Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, los tipos penales relacionados con las drogas se encuentran en los artículos 375, 376, 381 y 382.

En medio de la normatividad existente, a mediados de los años 90 una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 51 de la Ley 30 de 1986 del ciudadano Alexandre Sochandamandou cuestionaba la intervención del Estado en la salud personal, el trato discriminatorio a las personas consumidoras de drogas y el tratamiento médico previsto para las personas.

La respuesta a su demanda de inconstitucionalidad fue positiva. Y así nació una sentencia “hereje” del magistrado Carlos Gaviria Díaz la cual causó polémica en el país.

La Sentencia hito C- 221 de 1994 de la Corte Constitucional constituyó un rompimiento con respecto al tratamiento del consumo de drogas. En esta providencia la Corte hizo un análisis sobre los límites a la intervención del Estado en la salud personal, el punitivismo de las medidas contempladas en esa ley y la importancia de respetar el artículo 16 de la Constitución Política sobre el libre desarrollo de la personalidad el cual cobija el consumo de tóxicos como un aspecto de la esfera interna de la libertad.

Ese fallo  planteó el tema como un problema de salud pública y no como un tema de seguridad pública. Además se centró en la dignidad y la libertad de la persona dependiente de las drogas y en sus derechos.

Posteriormente mediante Acto Legislativo 2 de 2009, durante la Administración de Álvaro Uribe intenta derogar esta medida pero la Sentencia C-491 de 2012 de la Corte Constitucional deja en pie la no penalización de la dosis personal. Actualmente, el candidato del Centro Democrático, del cual hace parte el ex presidente Uribe, promueve la penalización de la dosis personal.

La guerra contra las drogas en países como Colombia y México ha dado como resultado un mayor número de encarcelamientos por delitos relacionados con el porte, consumo y otros delitos concurrentes con el de las drogas.

El informe de Dejusticia publicado en el año 2017 indicó que en los últimos nueve años se realizaron 727.091 capturas por presunto porte, tráfico y fabricación de drogas, las capturas señala el informe son mayores entre jóvenes, el grado escolar de estas personas es de primaria, bachiller, solo un pequeño porcentaje profesionales y pertenecen a poblaciones históricamente vulnerables y marginalizadas.

De acuerdo con el profesor de derecho penal Filemón Torres, la razón para que este tipo penal exista relacionado con las drogas exista es que este delito tiene un alto contenido moral. Por eso se sigue sancionando y aunque después de muchos años al alcohol fue aceptado, la droga no lo es todavía, pero podría llegar a serlo como ocurrió con el alcohol.

Al preguntarle al profesor si es posible que un consumidor o un traficante de drogas reciba un trato diferente al momento de presentarse ante la justicia, Torres afirma que es posible, pero no se puede generalizar.

“Es que los jueces son parte de la sociedad. En la sociedad hay una serie de ideas morales al respecto, es seguro que hay jueces que, al margen de la conducta del autor, moralmente están descalificando a un adicto, a un consumidor”.

Al preguntarle ¿Qué podría hacer el derecho penal para contribuir a la disminución de la discriminación de la persona con adicciones cuando se enfrenta a la justicia? Torres responde que el problema no es solo del derecho penal, desde el punto legislativo, sino desde el punto de vista judicial.

“Uno sabe que debe defender la independencia de los jueces, pero solo lo ve desde la independencia de los superiores. Puede que no tenga presiones para dar su fallos, pero no es la independencia de lo externo la que puede influirlo más sino la independencia de sí mismo. Uno tiene una serie de taras, la mayor dependencia de un juez es de lo que piensa, de la concepción del mundo y la vida que tiene”.

Menos estigmatización y criminalización

Por ello, en reacción a estas respuestas criminalizadoras desde la psicología, el trabajo social y la psiquiatría se aboga por la no estigmatización ni criminalización de las personas consumidoras de drogas.

En Bogotá, el psiquiatra crítico Edwin Herazo nos comparte su reflexión acerca de los avances en este sentido.

De acuerdo con Fernando García Gil la Gestalt no estigmatiza y comprende que un una persona adicta teme ser despersonalizada si remite su adicción. Según García la persona adicta se pregunta: “si ya no soy adicto o no tengo los efectos del consumo ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿me aceptarán? ¿me quedaré solo? ¿ligaré? La Gestalt no estigmatiza o por lo menos esa es la tarea, añade.

En Gestalt se mira a la persona en su totalidad no solo el síntoma a eliminar. Si se centrara en el síntoma no vería a la persona ni su sufrimiento.

¿Por qué es importante disminuir la criminalización de las personas con adicciones? Porque como sostiene en su obra Alessandro Baratta: “La criminalidad no existe en la naturaleza si no que es una realidad construida socialmente a través de procesos de definición e interacción. Es además un estatus social atribuido a alguien por quien tiene un poder de definición”.

El informe de Dejusticia señala que la sobredosis carcelaria experimentada en Colombia en relación con el tema de las drogas no ha dado frutos positivos en cuanto a la disminución de consumo y oferta de drogas, pero en cambio ha significado costos enormes en el sistema carcelario, ya afectado por el hacinamiento y la vulneración de derechos humanos tras las rejas.

La criminalización nunca ha sido efectiva y solo ha generado bolsas de marginación y delincuencia como los poblados de Barranquillas, en Madrid, donde García trabajó o en el Bronx, en Bogotá, la cual no visitó debido al peligro que representaba.

“La rehabilitación, la reducción de los daños como último recurso y la recuperación de la persona es sumar a la construcción de la sociedad y las personas, con excepciones -como podrían ser psicópatas intratables- la criminalidad o criminalización traerá marginación, delincuencia, inseguridad y mafias que retroalimentan un sistema enfermo”, puntualiza.

En Argentina la psicóloga Patricia Colace quien ha trabajado e investigado este tema y aboga por un enfoque de derechos y no discriminación de las personas con adicciones considera que no se debe patologizar la vida cotidiana. Ella no está de acuerdo en categorizar todo como adicción, por ejemplo, ir al gimnasio, el consumo de café o la tecnología, entre otros.

“Con patologizar la vida cotidiana me refiero a que no se puede llamar a todo enfermedad o calificarlo de esa manera, como hace el DSM (El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder)”, aclara.

Además reflexiona acerca del papel que puede tener la prensa en la representación de las personas con adicciones y las adicciones pues esta perpetua estereotipos y relaciona en sus cubrimientos, superficiales, el consumo con la delincuencia y la inseguridad ciudadana creando así un rechazo social hacia estas personas.

“Creo que en primer lugar los periodistas deberían leer, conocer el tema, derribar sus propios prejuicios y, sobre todo, no fomentar la prensa amarillista. Con eso creo que nos ayudarían bastante”, agrega.

Un camino largo en clave de derechos

Según los testimonios conseguidos para este reportaje paralelamente a la tendencia penalizadora del consumidor de drogas existe otra que aboga por tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública.

Desde esta segunda perspectiva, el individuo que consume conserva intacta su dignidad humana, debe ser tratado como un sujeto de derechos, en ejercicio de su libertad, no como un delincuente y advierte que este individuo determinará cuándo pedir ayuda ante un consumo problemático.

Desde esta perspectiva más humanista y reconocedora de los derechos, se pretende dejar atrás el tratamiento de las personas con adicciones desde el punto de vista punitivista para darle una respuesta más humana al problema de la dependencia de las drogas.

Para lograrlo será necesario también la formación de los periodistas, profesionales y empíricos, en el manejo mediático de este asunto para que no jueguen un papel negativo en la perpetuación de ese tratamiento discriminatorio, prejucioso y castigador.

Aunque falta mucho trecho por recorrer para que este tema sea visto en Colombia, como un problema de salud pública pues esta sociedad tiene fuertes influencias judeo-cristianas, que tienden al castigo y porque desde el derecho, penal y la criminología, se construye el imaginario del delincuente, desviado, desadaptado, en torno a la persona con adicciones.

Sin embargo, son inspiradores los profesionales que se preocupan por cambiar esos imaginarios por otros más positivos y que inviten a la sociedad a mirar a la persona con adicciones desde su totalidad, comprendiendo que una persona no se agota en una condición, sea temporal o permanente, en este caso la adicción. 

Referencias:

[i] Vander Zander James, Manual de Psicología social. Barcelona, Paidos, 1986. Página 620.

[ii] Baratta, Alesandro. Criminología, crítica y crítica del derecho penal. Introducción a la sociología jurídico penal. Siglo XXI Editores, 1980. Páginas: 109, 135.

México y Colombia: ligas peatonales promueven accesibilidad, bienestar y seguridad

Cebra pintada en la Ciudad de México.

Desde el año 2013, la Liga peatonal de México promueve calles más seguras, accesibles, menos violentas para más personas a través de campañas como los puentes antipeatonales y pintura comunitaria de cebras por parte de los ciudadanos.

Tres miembros de su equipo: Dana, Sergio y Claudina nos hablan de su experiencia en la liga.

Fotos: Cortesía de Sergio Andrade-Ochoa de México.

Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica durante el 2017 en México 21.545 peatones fueron lesionados por en un accidente de tránsito. En Ciudad de México se reportaron 5.977, en donde 3.247 fueron hombres y 2.730 mujeres. Por tanto Ciudad de México contribuye en un casi 28% de los peatones lesionados a nivel nacional.

Los accidentes de tránsito son eventos complejos que resultan de diversos factores. El diseño de las vías y su prioridad al automóvil son los principales factores que influyen en la frecuencia y gravedad de las colisiones entre vehículos de automotor y los accidentes de atropello a peatones y ciclistas. Uno de los principales factores asociado al riesgo de morir o de ser gravemente herido es  la velocidad excesiva, la cual está intrínsecamente asociada a las vías rápidas de flujo continuo dentro y fuera de las ciudades.

FSJ: ¿Quién es el peatón para ustedes?

Es él y la andante; todas las personas sin importar su sexo, género, edad, raza, etnia, orientación sexual, discapacidad u otra condición que transita por el espacio público.

Dana Corres es comunicóloga de profesión, coordinadora general y co-fundadora de la Liga Peatonal de México.

FSJ: ¿Esos accidentes son causados por falta de accesibilidad, puentes seguros para peatones?

D: Normalmente se culpa a los usuarios y sus errores antes que hablar de los errores de infraestructura y diseño. Nosotros creemos que los puentes antipeatonales NO son para los peatones, si no para los coches, por lo que los “puentes seguros” es algo que no existe. Lo que soluciona es hacer cruces seguros a nivel de piso.

FSJ: ¿Cuántas personas e instituciones son miembros de esta organización?

D: en nuestro organigrama operativo somos 10 coordinadores, miembros somos 60 (como parte de la red nacional) y eso incluye más de 10 organizaciones específicas en distintas ciudades.

Sergio Andrade Ochoa es coordinador de salud pública de la liga peatonal

FSJ: ¿Qué resultados ha arrojado el trabajo de incidencia que ustedes realizan con la institucionalidad? ¿Ha habido algún cambio legislativo por cuenta del activismo realizado por ustedes?

S: La Ciudad de México ahora cuenta con un reglamento de tránsito que pone como prioridad al peatón y al ciclista y antepone la seguridad primero que la velocidad. Por otro lado, el año pasado en Ciudad de México, Puebla  y Guadalajara se retiraron varios puentes peatonales, llamados por nosotros como puentes ANTIpeatonales, por ser infraestructura que antepone la velocidad de los automóviles y no la seguridad de lo transeúntes.

FSJ: ¿Tienen algún convenio con la OMS al respecto?

S: Por el momento no contamos con convenios con la Organización Mundial de la Salud. Estamos en pláticas con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para llevar diversos proyectos en temas de calidad del aire, seguridad vial y recreación.

FSJ: ¿Integran en sus campañas a todo tipo de peatones?

S: Hablar de peatones es hablar de todos los usuarios de la ciudad, ya que todos y todas somos peatones. Liga Peatonal es una organización que trabajan en temas de ciudad con una perspectiva de género, niñez, adultos mayores, discapacidad y sostenibilidad, es decir, todos nuestros proyectos engloban las necesidades de estas perspectivas en temas de salud, movilidad, accesibilidad y recreación.

FSJ: ¿Desde el punto de vista de la salud pública qué derechos debe reclamar el peatón?

S: El derecho a la ciudad, a la movilidad, a la accesibilidad y el derecho a un ambiente sano son fundamentales para garantizar la salud pública de las urbes. Los y las peatones necesitan de espacios seguros que garanticen su integridad física, ambientes limpios, como es el caso de la calidad del aire, que garanticen nuestra salud y bienestar a alargo plazo, espacios recreativos accesibles y de calidad para la promoción de la cohesión social, el bienestar psicológico y la inclusión de todos los que conforman la ciudad.

Puente antipeatonal en la Ciudad de México.

Puentes antipeatonales

Claudina de Gyves es arquitecta y coordinadora General Central de la liga peatonal de México.

FSJ: ¿Cuál ha sido el impacto en la calidad de vida de los peatones desde la creación de la liga?

C: Hemos hecho un gran trabajo comunicando temas como los derechos o el que no deberían existir los puentes antipeatonales. Hemos logrado poner el tema en la agenda y comunicamos de manera distinta otro que solo se asociaban con la accidentalidad.

FSJ: ¿Qué resultados concretos han obtenido en beneficio de los peatones?

C: Puentes antipeatonales. Ese es uno de nuestros más grandes logros.En la Ciudad de México se han ya desmontado varios puentes. Eso y que se hable públicamente de este tema.

FSJ: ¿Qué hacer para tener calles menos violentas y agresivas?

C: La exigencia va hacia las autoridades para que dejen de construirlos y que mejor construyan infraestructura que no viole los derechos de las personas (con discapacidad).

Es importante hacer las calles para todos, no solo para las personas que sí podrán usar el puente. Por otra parte, nosotros hablamos de líneas de deseo peatonal, que es por donde los peatones siempre buscarán cruzar porque son caminos seguros o cortos: hay que generar más cebras cada ciertos metros y entender que el peatón siempre tiene la preferencia.

Hay que decirle a las autoridades que construyan calles menos violentas, que reduzcan las velocidades y que dar licencias de conducir implica mucha capacitación y entendimiento de la gran responsabilidad que conlleva manejar un vehículo que se mueve a varios kilómetros por hora y de varias toneladas de peso. Nuestro trabajo se dirige hacia autoridades, no hacia los usuarios vulnerables: a ellos hay que protegerles, no regañarles.

FSJ:¿Qué lugar ocupan las personas en situación de discapacidad en el diseño de sus propuestas e intervenciones?

C: Son una de nuestras líneas de trabajo más fuertes. Es allí donde nace la campaña Adiós Puentes Antipeatonales ya que estos violentan el derecho de las personas con discapacidad que deben cruzar las calles. 

Cebra pintada en la ciudad de Chihuahua.

Liga peatonal en Colombia

Beatriz García es matemática, administradora Pública y máster en ciencias-estadística y está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Fundación Colombiana de Peatones desde su creación en 1999.

FSJ: ¿Cuál ha sido el resultado de las propuestas presentadas por ustedes para incidir en políticas públicas para los peatones y la seguridad vial?

B: La Fundación Colombiana de Peatones ha impactado la política pública asociada a los peatones y la seguridad vial de manera directa e indirecta. Ha participado en la formulación de leyes y decretos varios y elaborado tres capítulos del vigente Plan Maestro de Movilidad de Bogotá (Ambiental, Seguridad Vial y Transporte no Motorizado). Ejemplos: Decreto 319 de 2006 Plan Maestro, Ley 1503 de 2011 Seguridad Vial y otras disposiciones. Indirectamente se ha impactado desde el año 2002 mediante la distribución del boletín institucional denominado “El Peatón”, el cual divulga las investigaciones realizadas por la Fundación entre miembros del sector gobierno, entidades de control, gremios, academia, consultoría, medios y sociedad civil. En esta misma línea la organización ha desarrollado veeduría de proyectos específicos de la movilidad.

FSJ: ¿Cuál es la acogida a sus propuestas en la ciudadanía, qué cambios se han dado también?

B: Nuestra acción directa con la ciudadanía se ha realizado mediante charlas motivadoras y de sensibilización alrededor del tema a grupos de jóvenes universitarios, funcionarios de organizaciones especificas o públicos interesados en la temática peatonal y la seguridad vial. La acogida se refleja en el interés mostrado por parte de ciudadanos que se comunican a diario con nosotros y se unen a nuestra base de simpatizantes vía www.peatonescolombia.org.

FSJ: ¿En qué zonas se concentran estas actividades?

B: Las acciones se han realizado en Bogotá, pero el apoyo a iniciativas legislativas impacta a Colombia.

FSJ: ¿Qué significa la peatonalidad para ustedes y cómo incorporan ustedes al peatón, que no ve, al que se moviliza en silla de ruedas?

B: Caminar es el modo de transporte más sostenible y su participación es significativa al nivel de los viajes diarios en ciudades como Bogotá. El modo caminar se enmarca en deberes y derechos. La mortalidad y morbilidad de los peatones es significativa tanto a nivel nacional como local. La Fundación ha desarrollado estudios específicos sobre las necesidades de las personas con movilidad reducida  y cree en la inclusión de todas las personas. (Ver: Aproximación al estudio de la movilidad de la población discapacitada en Bogotá. El Peatón Edición 46, febrero 2006.)

FSJ: ¿Por qué es necesario mejorar la situación de los peatones en Colombia? ¿Participarán en el próximo congreso en Colombia?

B: Reducir los resultados de mortalidad y morbilidad de los peatones, hacer viable el modo caminar en el espacio público con mayor y mejor infraestructura peatonal, educación vial y control de infracciones. Además disminuir la contaminación atmosférica, visual y auditiva a la que es sometido el peatón.

La Fundación Colombiana de Peatones es miembro activo de la Federación Internacional de Peatones y siempre ha estado abierta a la interacción con las demás organizaciones.

Esperamos poder participar en el Congreso liderado por la liga peatonal de México. El año pasado, el Ingeniero Gustavo Calderón Herrera presentó una ponencia en el Primer Foro Latinoamericano de Peatones (Medellín, Octubre de 2017. Colaboramos en la organización del Walk 21 Bogotá, evento emblemático para la temática peatonal a nivel mundial.

 

 

 

 

Canada: Trans people´s challenges to access health and mental health services

Hunter Cubitt-cooke

Hunter Cubitt-Cooke I am a 32 year old, white, non-binary trans person who uses they/them pronouns. I come from a low class background and was raised in Canada’s conservative redneck capital, Alberta. I have been an activist and an anarchist, deeply feminist, anti-capitalist, anti-colonial and pro-queer and trans. I gave birth to my beautiful 4-year-old daughter and am now a parent. I work as an herbalist in an anti-capitalist worker collective now. I suffer from mental health and chronic pain and migraines. My primary focus now is healing. Healing myself and my family and trying to spread that healing into the world.

By Fernanda Sánchez Jaramillo.

Pictures: courtesy of Hunter.

FSJ: Is health one of the current challenges that trans people face in Canada?

HC: Health is a major challenge for trans people in Canada. Accessing competent and respectful health care can be close to impossible, at times traumatizing and often demeaning. There are also many social factors that contribute to the poor health outcomes of trans people like social isolation. We are often harassed and bullied out of training and schools; also cut off from our families and any supports. It’s difficult to find housing, employment and to access services etc.

FSJ: When and why did you need to access health services?

HC: So I needed to access health services to get the hormones I need as well as the surgery.   Through out the years I’ve had many bad experiences with doctors and nurses when I’ve had to encounter them for injuries and illnesses as well.

The medical establishment is a gatekeeper for trans people in terms of accessing hormones and surgeries. In order to qualify for hormones you need to identify as heterosexual (when you’ve transitioned) so I needed to identify as a “man trapped in a woman’s body that was attracted to women”.

If I had told my physician that I was attracted to men as well I would not have gotten my hormone prescription. You also need spend a year being completely out to coworkers, family etc. and using the washroom in the gender you identify as. Using bathrooms of the gender you identify as but do not yet appear as to most people without hormones puts people in really dangerous positions.

You also can’t have any mental health problems or instability, which most trans people do have as a result of trans phobia and the painful experience of living in the gender you are not. You can’t be homeless which a lot of trans people are as they can’t get work and even if they did have the money often landlords will not rent to a trans person.

FSJ: How was your experience with health services? Did you have any trans doctors?

HC: I have never had a trans physician. I have had a range from horrible to great health care in Canada. As a teenager, I told my doctor I was trans and wanted hormones and surgery. She refused and told me no one would do that for me. Eventually I found a doctor who was willing to prescribe hormones to me but I had to jump through a lot of hoops.

At times I’ve needed a hormone refill prescription and not been in a major urban center and been refused. Once a doctor screamed at me “YOU HAVE A VAGINA!!” when I wanted him to refill my prescriptions for me. Once I was trying to access mental health services and was referred to a psychologist through something called the “transgender health referral program”. This was supposed to be one of the better psychologists for trans people. He could not comprehend what a trans man was, how I could have possibly gotten pregnant, etc.

Most doctors are very ignorant on the subject matter and even those who are caring just don’t know a lot. There is very little research that has been done on long-term effects of hormones etc.

FSJ: Did you experience any stigmatization during doctor’s appointments?

HC: Definitely yes. It’s very hard to get a doctor who will see a trans person especially one who is willing to prescribe hormones. Then when you have one, it’s near impossible to get to see that doctor about any other health concern because it is usually only a small number of doctors for all the trans people.

I’ve often been humiliated and disrespected in waiting rooms before changing my name I’ve had nurses discuss in front of me in a room full of people whether I’m a man or a woman. In order to gain access to hormones I had to get diagnosed with a “disease” called gender dysphoria, which is considered a mental disorder. It is not an illness, this is pathologizing and opressive.

Hunter remembers…

“Once during an osteopath appointment I was asked if I love and accept my vagina. People are constantly asking trans people about their genitals and its very dehumanizing because it feels like something that wouldn’t happen to any other human. I can’t imagine that osteopath would have felt comfortable asking any woman out of nowhere if she loves and accepts her vagina”.

FSJ: How these experiences with health services impact your life and what is your suggestion to other trans people to protect them?

HC: It has contributed to my overall sense of anxiety and fear and also the feeling that there is nowhere to turn for support. I often feel alienated from the healthcare I need.   To other trans people I suggest always bringing a friend or family with you to doctors appointments, get someone to advocate for you, ask around to find doctors who are willing to see you in a respectful manner.

FSJ: Does mental health services satisfied the needs of trans people?

HC: Definitely not. Trans people are more vulnerable within institutions and are rarely protected and supported as needed. Services are often gendered with trans people being barred from services or for services not being applicable.

For example in my desperate search for mental health support during my postpartum depression and psychosis I was referred to a postpartum support group but how could I have gone to a room full of women who would be staring at me as I enter the room expecting an explanation while I was having a mental breakdown? And who knows how the women would have reacted. Likely I would have gotten more traumatized and likely the facilitator in the group would not have had my back and would have been totally ignorant to trans issues”.

Hunter and daughter

“At one point I was trying to access counselling services and was referred to someone and I had said I needed someone who was comfortable talking with trans people. This person kept veering the conversation away from what I was talking about and asking me a bunch of inappropriate questions like did I still have a vagina, how did I get pregnant how do I have sex etc. I reported that person and it turns out she had never even spoke to a trans person before”.

A lot of Dr.’s will make trans people see a psychologist who will try to get them to accept the gender they were assigned at and only after that process if they still want to transition, they get the hormones. Most trans people have PTSD, depression, anxiety etc. and it is extremely difficult to access services that can help. You also need money to get most of these things which trans people have less access too.

FSJ: What needs to be changed in order to provide a better service?

HC: I think the entire system is patriarchal and fundamentally flawed and needs to be completely dismantled. The idea of a doctor, a specialist, an expert that knows everything and the patient knows nothing is oppressive, disempowering and paternalistic.

We need to return to traditional modes of healing that are holistic, look at and respect the whole person, and is supportive of people’s own healing journeys and values different types of bodies.

A big part of why trans people are experiencing poor health outcomes is because of the unhealthy dynamics between men and women because trans people face a lot of the brunt of the violence as they are on the fringes and bring up issues of gender. Trans people need patriarchy, misogyny, sexism and homophobia to end to live healthy lives.   In the mean time much more education and exposure would help. It would help to have trans people as receptionists, nurses, technicians, and doctors and for patients to inform the process more. Even changing the intake forms to include trans people can go a long way.

FSJ: Are there any alternative service providers for trans people?

HC: There is a small amount of doctors and counsellors who specialize in trans people but is often very hard to get appointments because there are only a small number in Canada.

 

Argentina: Estigma y discriminación son obstáculos para acceso a salud de personas que ejercen trabajo sexual

Alejandro abogado en Ammar.

Jorge Alejandro Mamani es abogado, especialista en derecho informático y magíster en derecho migratorio y políticas migratorias internacionales, quien labora en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) hace dos años.

Además milita en derechos humanos y trabaja en políticas de derechos humanos, en cuanto a minorías y en diversas instancias, hace más de 10 años, incluyendo litigio internacional de derechos humanos y en variadas organizaciones no gubernamentales en causas de desaparecidos y derechos sexuales y reproductivos y culturales.

Jorge Alejandro es abogado en la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en acción por nuestros derechos (Ammar) allí, entre otras luchas, defiende el acceso a la salud y el trato no discriminatorio en los espacios médicos y legales para las trabajadoras, trabajadores y trabajadoras sexuales trans en Argentina.

Fotos: Alejandra Sánchez Hernandez.

FSJ: El Sistema de salud argentino es público y la salud un derecho de acceso universal. ¿Qué tan cierto es esto para las trabajadoras y los trabajadores sexuales?

JAM: En Argentina la salud es un derecho universal y los hospitales son públicos. Con respecto al trabajo sexual hay estigma y discriminación a causa de los prejuicios que tienen los trabajadores de la salud cuando están en contacto con personas quienes ejercen el trabajo sexual.

Generalmente, hay un juzgamiento sobre estas personas, lo que tiende a que muchas veces las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales no vayan a hospitales públicos o se alejen del sistema de salud por miedo a la estigmatización y a la penalización moral.

Si bien no hay un elemento en el sistema que permita negar el acceso al sistema de salud, en el aspecto práctico, el estigma y la discriminación funcionan de todas formas.

Además, hay una presunción de criminalidad sobre el trabajo sexual debido a la ignorancia con respecto a lo que el trabajo sexual significa, la posibilidad de ejercerlo y sobre la legalidad e ilegalidad del mismo. Hay una criminalización colectiva sobre la temática cuando jurídicamente esta no existe.

FSJ: ¿Es obligatorio en Argentina decir que su actividad es el trabajo sexual, se informa por obligación o para que la persona obtenga una mejor atención?

JAM: No es obligatorio pero para que un médico te atienda mejor debe estar informado sobre en qué trabajas. El problema con el trabajo sexual es que al tener un juicio moral anterior, del cual no escapan los médicos y las médicas, tienen prejuicios que llevan al cuestionamiento de la elección de trabajo de las trabajadoras sexuales y eso dificultad la atención.

Muchas veces decirlo implica que sienta vergüenza a causa del estigma, se sienta vulnerada, cuestionada y, a veces, también acosada. Estas son algunas de las razones por las cuales algunas trabajadoras sexuales no lo dicen en el sistema de salud.

FSJ: ¿Qué servicios de salud mental son ofrecidos a los trabajadores y trabajadoras sexuales?

FSJ: ¿Cuál es la situación frente a la institucionalidad?

JAM: El contacto con las fuerzas policiales y con los órganos administrativos puede ser agresivo porque hay una presunción de criminalidad con respecto al trabajo sexual. Entonces no son tratadas ni tratados como ciudadanos comunes si no como ciudadanos de segunda; adicionalmente, si son trabajadoras sexuales trans la agresión es mucho mayor porque hay todo un estigma social con respecto a la identidad trans.

Pese a que Argentina tiene, desde el 2012, una ley de identidad de género esta no se ha cumplido cabalmente especialmente entre las fuerzas policiales las cuales a través del tiempo han estigmatizado a las personas trans incluso a las que no ejercen el trabajo sexual.

Así mismo,  las trabajadoras sexuales trans que son migrantes, peruanas y paraguayas, que llegan a Argentina porque que consideran a Argentina más tolerante, con respecto a sus países de orígenes, son más vulnerables por cuenta la xenofobia.

FSJ: ¿Qué actos de discriminación y estigmatización ocurren al acceder a los servicios de salud?

JAM: Hay denuncias de trabajadoras sexuales que sufren acoso, imposición de valoraciones morales, cuestionamiento de su elección laboral y culpabilizarlas cuando cuando lo que debe hacer el sistema médico es ofrecer un trato médico, justo e igualitario. Por esta razón, muchas trabajadoras sexuales no van a los consultorios de sus barrios y se trasladan a otros lugares; otras no acuden y tienden a auto-medicarse.

FSJ: ¿Qué herramientas jurídicas son las más usadas por las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Argentina?

JAM: En realidad, tienen la Ley 23592 de 1988, Actos Discriminatorios, que es la ley contra la discriminación y, además, los tratados internacionales con respecto a cuestiones de salud.

Realizar una denuncia del sistema médico es bastante complicado porque sun formación académica es de nivel primario y secundario, no tienen conocimiento de sus derechos y además el estigma las hace no creer en el sistema judicial, etc. Todo esto hace más complejo el ejercicio de sus derechos.

Georgina Arellano secretaria general de Ammar.

FSJ: ¿Existen centros de atención que se especialicen en atención a trabajadoras sexuales?

JAM: La intención de Ammar es crear espacios amigables donde las trabajadoras sexuales puedan ser atendidas sin ser juzgadas y donde su derecho a la salud no  sea denegado con base en prejuicios o cuestionamientos. Lo que tratamos desde Ammar es de vincular el tema de espacios amigables para trabajadoras sexuales y la diversidad, capacitar a los médicos y médicas.

El tema de la salud es complejo con respecto a las trabajadoras sexuales porque este tiene una connotación moral que lleva a los profesionales a tener prejuicios con respecto a ellas y también debido a la transfobia en el mundo médico. Por eso, queremos desarrollar convenios para emprender procesos de sensibilización con médicos, pero es bastante complicado.

Sin embargo, gracias a la militancia de estos últimos años Ammar es mucho más visible y ahora existe un espectro social más común y mediático para cuestionar el tema sobre el trabajo sexual

No obstante, entendemos que el espacio médico y el espacio legal son espacios más difíciles de modificar opiniones y mucho más difícil de de-construir los prejuicios morales que tienen las personas.

Más información sobre Ammar: www.ammar.org.ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte Constitucional: aplicación de vacuna contra el VPH requiere consentimiento informado

Sentencia T-365 de la Corte Constitucional  determinó que se requiere el consentimiento informado como condición previa para la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

Estableció que la vacuna no es obligatoria para las personas destinatarias de la misma según disposición legal:

“Para esta Sala de Revisión es claro que el Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, o de cualquier otra institución, no puede obligar a la población colombiana a vacunarse contra el virus del papiloma humano, por cuanto la facultad del paciente de tomar decisiones relativas a su salud ha sido considerada un derecho de carácter fundamental por la jurisprudencia constitucional, como concreción del principio constitucional de pluralismo ] (artículos 1 y 7 de la Carta Política) y de los derechos fundamentales a la dignidad humana  (artículo 1 ídem), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la Constitución) –cláusula general de libertad del ordenamiento jurídico colombiano  -, a la integridad personal  (artículo 12 ídem) y a la salud (artículo 49 de la Constitución).

En efecto, si uno de los contenidos protegidos por el principio de la dignidad humana es la autonomía, entendida como la “ posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera) ”, que corresponde a su vez con el ámbito protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad , resulta lógico que, en lo que toca con los procedimientos médicos, incluso preventivos, el paciente tenga la facultad de asumirlos o declinarlos, de acuerdo con ese modelo de vida que ha construido por conducto de sus propias convicciones. Específicamente, ha determinado esta Corporación que “ del principio general de libertad emana el derecho específico de la autonomía del paciente que le permite tomar decisiones relativas a su salud”.

En cumplimiento de sus funciones constitucionales, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional al revisar el fallo de esta acción de tutela presentada por la madre de una menor,  la cual relacionaba la enfermedad de su hija con la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, reconoció que no se pudo comprobar la causalidad entre la vacuna y la enfermedad de la menor.

Pero además decidió no suspender la aplicación de la vacuna por las siguientes razones:

La Corte señala que no se suspende  la aplicación de la vacuna por las siguientes razones:   (i). Está encaminada a prevenir el cáncer de cuello uterino como política pública válida ejecutada por el Gobierno Nacional; (ii) Su aplicación representa beneficios para las mujeres colombianas al evitar el menoscabo de su salud; iii. Las principales organizaciones internacionales y nacionales que sirven de referencia aprueban la seguridad, calidad y eficacia de administración de la vacuna contra el VPH; (iv). En el caso concreto no fue posible demostrar -con grado de certeza científica- que la aplicación de la vacuna sea la causa de las enfermedades que padece la menor y (v). Es improcedente la suspensión la vacuna en un juicio que solo produce efectos para las partes y que por regla general, no está llamado a afectar a la generalidad de la población.

La Corte resolvió, entre otros aspectos relacionados con el caso particular como amparar el derecho a la salud de la menor en lo que se refiere al derecho al diagnóstico y la atención integral, lo siguiente:

La vacuna no es de obligatoria para las personas que son destinatarias de la misma:

Advertir al Ministerio de Salud y Protección Social que la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano no puede imponerse contra la voluntad de las personas que por disposición legal son destinatarias de la misma. En tal virtud, existe la necesidad de obtener su consentimiento informado, como condición previa para administrar la vacuna, indicándose los efectos adversos en la salud humana.

El Ministerio de Salud y Protección Social debe elaborar un informe en el cual identifique las personas que requieran atención del sistema de seguridad social por posibles afectaciones derivadas de la vacuna:

Exhortar  al Ministerio de Salud y Protección Social para que elabore un informe en el que se identifique el número de personas que habiendo sido destinatarias de la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, requieran atención por parte del sistema de seguridad social en salud por causas atribuibles a posibles afectaciones derivadas de dicha vacuna. El informe deberá establecer un plan de acción que garantice el acceso integral y continuo al sistema de seguridad social en salud de las personas presuntamente afectadas, así como un seguimiento de cada caso.

Y finalmente señaló que el Ministerio debe continuar con el seguimiento a  los conceptos técnicos y científicos sobre la vacuna:

Exhortar al Ministerio de Salud y Protección Social para que continúe con las labores de seguimiento y valoración periódica sobre los conceptos técnicos y científicos que a nivel nacional e internacional analizan la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. Además, deberá impulsar campañas masivas de comunicación y educación pública sobre el particular.

Referencia: Expediente No. T- 5.190.041

Acción de tutela presentada por Edith Perdomo Londoño, quien actúa en representación de su hija Aura Cristina Campo Perdomo, y Alba Lucia Murillo Maya, en calidad de agente oficiosa de los demás niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes presuntamente afectados por los efectos secundarios causados por la vacuna del Virus del Papiloma Humano -VPH-, contra el Ministerio de Salud y Protección Social, el Servicio Occidental de Salud S.A – S.O.S – E.P.S, las demás E.P.S involucradas y el SISBEN.

Magistrado Ponente:  Alberto Rojas Ríos

Bogotá, D.C., 2 de junio de 2017

Descargar la sentencia T-365-17 Papiloma

 

La enfermería ha sido declarada líder en atención primaria en salud

Existe evidencia de los aportes que nuestra profesión ha realizado para alcanzar la equidad 

Por: Fernanda Sánchez Jaramillo

Dora Lucía Gaviria estudió enfermería en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Ingresó en esta facultad inspirada por su madre quien como voluntaria en el Hospital de Rionegro ayudaba a las personas en los momentos de dolor y sufrimiento.

Se graduó hace 28 años y ha trabajado todo el tiempo en municipios como Caldas, Sabaneta, de Antioquia, y en los últimos se ha desempeñado como docente de la Universidad de Antioquia.

¿Por qué eligió esta profesión? La enfermería le permite el trabajo con personas, familias y comunidades, en equipos interdisciplinarios de salud y de los sectores del desarrollo social.

Entre tanto, su rol como docente le ha posibilitado llegar a municipios, barrios y lugares donde la enfermería tiene una gran responsabilidad social y ética.

Dora se especializó en salud colectiva y epidemiología. “Es un campo de práctica y conocimiento que permite la comprensión del proceso salud-enfermedad en el contexto histórico social y cultural que lo está determinando”, explica.

La enfermería comunitaria contribuye a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el cuidado y rehabilitación con las personas, familias y comunidades en los escenarios cotidianos donde viven.

“Para mí, es un proceso de interacción, de apoyo y ayuda que mitiga los padecimientos del ser humano y genera vínculos efectivos por la salud y la vida”, dice Dora.

Al preguntarle a Dora por qué cree que el rol de la enfermera y el enfermero, está un poco relegado con respecto a la posición del médico ella responde:

“La enfermería en Colombia, ha tenido desarrollos desde la formación y práctica pero aún nos falta una mayor legitimidad social para visibilizar el valor del cuidado de enfermería y sus avances científicos y técnicos que favorecen la calidad de vida, afirma Dora.

La ley 266 de 1996, que regula la profesión en enfermería así como la Ley 911 que establece el código deontológico, fundamenta desde lo legal y jurídico, la enfermería como una profesión autónoma y liberal y no solo como una profesión supeditada al saber de otra disciplina.

“Considero que nos falta liderazgo al colectivo de enfermería para posicionar el cuidado en la sociedad, incidencia política para la toma de decisiones en las instancias del sector salud, e investigación que nos permita seguir avanzando en los aportes que como disciplina, podemos hacer a la sociedad”, agrega.

Esta profesional de la enfermería considera que en la actualidad la enfermería cumple un papel muy importante pues contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y está en su agenda.

La enfermería, a través del trabajo colaborativo, puede ayudar a erradicar la pobreza, disminuir el número de muertes y enfermedades evitables y aportar desde el cuidado a una mejor calidad de vida para el bienestar de las personas, las familias y las comunidades, en condiciones de equidad.

En el contexto colombiano, la enfermería profesional promueve la vida y la salud, ayuda a mejorar los procesos de convivencia que generan procesos de reflexión, y de resistencia, frente a cada acto violento que se ha banalizado en nuestro país.

“La enfermería ha sido declarada líder en Atención Primaria en Salud y existe evidencia de los aportes que nuestra profesión ha realizado para alcanzar la equidad, el acceso y la cobertura universal en salud en las zonas rurales del país, pues la enfermería garantiza la continuidad como principio del cuidado”, señala orgullosa.

Entre los aportes que ha hecho su profesión en atención primaria menciona: históricamente el trabajo con las comunidades para lograr prácticas saludables, la capacitación de los promotores rurales de salud, el impacto en la determinación social de la salud, los procesos de participación para el logro de los derechos en salud de personas, familias y comunidades y la educación para la salud, entre otros.

“En Antioquia, como política pública la Facultad de enfermería lideró un proyecto de cooperación con la secretaria de salud con la creación e implementación del modelo de APS basado en el cuidado con las familias y liderado por enfermeras en los 125 municipios del departamento.

“Este trabajo evidenció aportes en las zonas rurales de un trabajo colaborativo y solidario por la equidad con impacto en indicadores de morbilidad y mortalidad, inducción a la demanda de programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud.”, relata.

En cuanto al lugar que puede ocupar esta profesión en la promoción de la salud integral, física y mental, Dora considera que la enfermería ayuda a mantener la salud, previene enfermedades y mitiga el dolor y el sufrimiento, cuando la persona está enferma, y puede acompañar en procesos de muerte.

Con respecto a un país que líder y modelo en enfermería menciona a Estados Unidos pues ha sido allí esta profesión ha construido modelos y teorías, que permiten más liderazgo e impacto en los indicadores de salud con autonomía en la toma de decisiones para la gestión de programas como el de enfermedades crónicas y proyectos de salud pública.

Además, por la formación avanzada de estos profesionales y la creación de institutos -liderados por enfermeras- que han demostrado ser más eficientes y efectivos para las personas, las familias y los sistemas de salud.

Entre tanto, en nuestro país la educación de los profesionales de enfermería tiene algunos retos por superar son el fortalecimiento de las capacidades desde el ser, el saber y saber hacer.

“Para mí la enfermería debe fortalecer todo lo relacionado con la ética del cuidado, el cuidado de enfermería para la salud mental, la gestión de políticas públicas, el cuidado con las personas adultas mayores con enfermedades crónicas y con problemas neurológicos, el cuidado de enfermería con las personas en situación de discapacidad, en forma permanente integrar la evidencia en la práctica y fortalecer la incidencia política en las instancias decisorias en salud.”

Finalmente para Dora, la enfermería es ciencia y arte. “Es ciencia porque ha acumulado el legado histórico de la constitución de una disciplina con conceptos universales y con un método establecido para la práctica basado en los principios científicos de la ciencia, que le permiten valorar, diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar el cuidado en un contexto determinado.

Pero también es arte al nacer de la capacidad humana para establecer relaciones de empatía y de comprensión por el otro, las cuales expresan mediante acciones de cuidado que develan la creatividad e innovación, en especial en un país como el nuestro donde no abundan los recursos.

“Al cuidar al ser humano, hay un verdadero re-conocimiento del otro, para que en momentos de enfermedad pueda re-establecer su autonomía e independencia en el logro de sus actividades cotidianas, pero también promueve procesos protectores para mantener la salud, campo que requiere de actividades y didácticas creativas para lograr un mayor impacto y logro de objetivos”, enfatiza.

 

 

Carta global de salud pública

La federación internacional de asociaciones de salud pública presentó esta carta global que contiene los lineamientos más importantes en esta área.

Esta carta global para la Salud Pública (GCPH, en sus siglas en inglés) es el principal resultado de su plan de colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adaptar la salud pública actual a su contexto global y teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta carta es el resultado del trabajo con cientos de organizaciones de todo el mundo sobre este crítico tema y reúne  los modelos existentes.

Consultar la carta: CARTAGLOBALPARALASALUDPÚBLICA

 

 

“Podrían diseñarse programas que busquen aliviar el sufrimiento derivado del conflicto”, José Miguel Uribe.

 

Miguel Uribe, experto colombiano en salud mental pública.

José Miguel Uribe Restrepo es  médico y psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Psicoanalista, Instituto Colombiano de Psicoanálisis y magister en Salud Pública, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Ha sido Profesor del departamento de psiquiatría y salud mental de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Director Científico de La Clínica La Inmaculada y miembro adscrito de la Fundación Santa Fé de Bogotá. Actualmente es consultor en salud mental pública.

FSJ: ¿Qué elementos caracterizan a una política de salud pública sólida?

JMU: La salud pública depende de un enfoque poblacional y un modelo que aborde los componentes de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud.

La definición de salud se ha ampliado y ya no se entiende solo como la ausencia de enfermedad, el campo de acción de la salud pública también se expandió. Ello lleva a nuevos retos pues actuar sobre los determinantes sociales de la salud e implementar programas de promoción no es algo exclusivo del sector salud. Tampoco es seguro que sea el que mejor puede hacerlo, cuando se piensa que muchas acciones son sobre educación, sobre el entorno urbano, o sobre el cambio climático, para mencionar un tema más reciente.

Por ejemplo, la definición amplía de salud mental pública plantea otros interrogantes. En el marco del llamado posconflicto, podrían diseñarse programas que busquen aliviar el sufrimiento derivado del conflicto. Tarea enorme, por supuesto.

Pero al leer los escritos sobre salud mental y conflicto parece existir otra tesis: la del rol de la salud mental en la génesis y perpetuación del conflicto y la violencia. Esto es en mi opinión debatible. Por un lado, no hay claridad sobre qué tipo de “intervenciones” en salud mental pública van a tener un efecto preventivo sobre conflictos. Por el otro, buena parte del origen del conflicto tiene que ver con estructuras políticas y estructuras de poder que no están relacionadas con la salud mental.

FSJ: ¿Cuáles de esos elementos le faltan a Colombia?

JMU: La debilidad relativa de los niveles de atención primaria y carencia de programas de promoción en salud. Otro elemento es la evaluación rigurosa de los impactos de los programas existentes y de los desenlaces centrados en el paciente en los procesos de atención en salud.

En el caso específico de la salud mental, la escasa participación de los pacientes en los distintos niveles de decisión del sistema de salud es preocupante. Me refiero a un continuo que va desde las acciones que llevan a un estilo de vida que favorecen la salud mental, pasando por una decisión compartida al iniciar el tratamiento y la participación en el diseño de estudios y programas. Los grupos de pares, que han mostrado ser una herramienta importante para la recuperación en salud mental, también son prácticamente inexistentes.

La coyuntura actual del posacuerdo servirá como “estudio de caso”, cabe esperar que se destinen muchos recursos a programas de salud mental. Es la oportunidad para poner la salud mental como un tema prioritario para la salud pública.

Pero estos programas deben contar con evaluaciones que permitan entender en qué han funcionado y en qué se han quedado cortos. No basta con hacer acciones y contarlas. Hay que ver si se traducen en beneficios reales para los usuarios y para la población.

Esto incluye también los costos en salud. Mientras que los recursos existentes no sean infinitos, hay que emplearlos mejor, y si fueran recursos generosos, no se pueden desperdiciar.

FSJ: ¿Qué factores positivos tiene Colombia?

JMU: Hay resultados positivos. El Ministerio ha desarrollado e implementado un modelo de atención integral que busca fortalecer la atención primaria. Su compromiso con el enfoque diferencial es también un elemento para destacar. A un nivel macro, la Ley 1751 de 2015, ley estatutaria de salud, ha logrado fortalecer el enfoque de derechos humanos en la salud. Por último, algunas asociaciones y grupos de pacientes y familiares empiezan a jugar un papel más activo abogando por un enfoque integral que contrarreste el tradicional olvido de la salud mental.

FSJ: ¿Cómo se explica que tengamos una ley de salud mental, Ley 1616 de 2013, pero no tengamos una política pública de salud mental si no solo acciones desarticuladas?

JMU: La ley de salud mental es un logro importante, que resultó de una coyuntura política bien aprovechada. La ley como tal dice qué se debe hacer, pero no cómo se puede hacer. Por ejemplo, la ley estipula como componentes importantes la inclusión laboral y la rehabilitación centrada en la comunidad. En la realidad, no hay modelos estudiados en Colombia que muestren una efectividad a escala ni de la inclusión laboral ni de la rehabilitación con base en la comunidad.

La desarticulación no es exclusiva de la salud mental, sino del sistema de salud. Mucho se ha hablado sobre las redes de atención, pero en la práctica casi toda la atención se centra en acciones individuales aisladas. La desarticulación en salud mental puede ser aún mayor que la existente en otros temas (salud materna, salud infantil, por ejemplo) pues hay visiones antagónicas entre quienes trabajan en salud mental.

FSJ: ¿Cómo se pueden superar estos vacíos?

JMU: ¡Ojalá supiera! Si bien en la teoría es posible trazar o diseñar un sistema de salud más o menos completo, la realidad presenta retos enormes. Son muchos los actores en el campo de la salud, con intereses y objetivos diferentes. En el sistema actual, no todos los intereses convergen en un objetivo común y menos en lograr lo mejor para el paciente. Hay incentivos perversos, que llevan a que se privilegien las ganancias de algunos sobre el resultado para las personas.

Hay que construir un modelo que logre incluir, hasta donde sea posible, las diversas perspectivas de los actores de salud. Cuando se reflexiona sobre el origen de la Ley 100 por ejemplo, resulta notorio que fue una ley “de arriba abajo”, diseñada con criterios técnicos, pero sin mucho aporte de grupos de pacientes, comunidades o profesionales de la salud, entre otros. Y cuando aparecieron las dificultades esos actores sintieron que no era un sistema que les pertenecía, no tenía el apoyo requerido para momentos críticos.

FSJ: Finalmente, ¿Qué recomienda para informar  rigurosamente sobre salud pública?

JMU: Un ejemplo concreto: las noticias sobre suicidios. Pareciera que los principales diarios y medios de comunicación del país no se han enterado de que existen, hace mucho tiempo, recomendaciones sobre cómo dar contexto a la noticia de un suicidio y evitar posibles eventos negativos.

En otro sentido, llama la atención el empleo de términos derogatorios al referirse a los trastornos mentales, o emplearlos en un sentido que incrementa el estigma. Por ejemplo, cuando se dice que Colombia es un país esquizofrénico. Ello refuerza el prejuicio al insinuar que la llamada esquizofrenia es algo con consecuencias tan negativas.

Los trastornos mentales nos tocan a todos, en mayor o menor grado, y en mayor o menor cercanía personal. No son el resultado de una falla personal ni hay razón para que quienes los padecen sean rechazados o aislados. Mas bien, hay que brindar el apoyo social necesario y por parte del sistema de salud para fomentar la recuperación de los pacientes. Esos principios deben guiar la comunicación en salud mental pública.